La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, visita a vecinos de Garín, en la provincia de Buenos Aires, en abril pasado.

Mauricio Macri elimina 170.000 pensiones por invalidez otorgadas por el kirchnerismo

El gobierno argentino denuncia que desde 2003 los beneficiarios se multiplicaron por diez.

EL PAIS ESPAÑA

El dinero destinado a la ayuda social fue marca del kirchnerismo. Los fondos del Estado abundaban y los planes se multiplicaban. Pero la situación ha cambiado: Mauricio Macri se propuso no superar el 4,2% de déficit fiscal para 2017 y para ello limita todo lo que puede el gasto. Si bien Macri prometió no tocar la ayuda a los más pobres, el ministerio de Desarrollo Social eliminó desde enero y sin previo aviso 70.000 pensiones de 290 dólares por invalidez, que sumadas a las 90.000 que dio de baja durante el año pasado eleva a 170.000 el número de personas beneficiadas con la ayuda del Estado. Ante las críticas opositoras, rápidas en momentos en que Argentinainicia la campaña electoral por las elecciones legislativas de octubre, el gobierno aclaró que no se trató de un recorte por falta de recursos sino “producto de irregularidades detectadas en revisiones de rutina”. Denunció así que sólo puso límites a decenas de miles de pensiones otorgadas a personas que supuestamente nos las necesitaban.
El Gobierno insiste en que encontró en Desarrollo Social un descalabro que era necesario resolver. El presidente de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dijo que hasta el año 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, los discapacitados que recibían ayuda estatal eran 180.000. Pero que entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, hasta alcanzar 1,8 millones. “Se otorgaron pensiones en locales partidarios. Hoy hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido”, dijo.
El gobierno apeló entonces a un decreto presidencial de los años 90, firmado por Carlos Menem, y lo aplicó a rajatabla. El texto dice que no merece la ayuda el discapacitado que esté a cargo de alguien que tenga una pensión no retributiva o un bien a su nombre. Según los parámetros establecidos por el Gobierno, estas condiciones se cumplen cuando el ingreso del tutor supera los 1.100 dólares o el del cónyuge equivale a una jubilación mínima, es decir 380 dólares, la mitad de lo que cuesta la canasta de alimentos que toman las estadísticas oficiales para establecer el índice de pobreza.
El decreto permitió a Desarrollo Social quitar el beneficio a casi 16.500 personas sólo en el mes de junio.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, visita a vecinos de Garín, en la provincia de Buenos Aires, en abril pasado.

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