Ramiro Pérez (izq.), director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado y Karina Flores (der.), responsable del SLIM, abogaron por las madres que luchan por recibir la asistencia familiar para sus hijos y que en muchas oportunidades no es cumplido por el progenitor.

Sin medir consecuencias ni remordimiento alguno: Muchos padres no cumplen con responsabilidad de pagar asistencia familiar a sus hijos

Lo que establece el Código de la Familia es que la asistencia familiar debe estar por encima de los 450 bolivianos; sin embargo, hay que tomar en cuenta que esa suma de dinero no logra cubrir todo lo que el menor necesita, ya que el mismo debe estudiar, tener atención médica y alimentarse adecuadamente.

María José Oliva Grimalt

Frecuentemente instancias como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y el Servicio Legal Integral Municipal SLIM, tienen conocimiento de denuncias presentadas por madres de familia, las cuales dan a conocer que sus exparejas no estarían cumpliendo con la responsabilidad de cancelar la pensión correspondiente, en bienestar de sus hijos, referente a lo que vendría a ser la asistencia familiar sin medir las consecuencias ni remordimiento alguno respecto a las necesidades del menor.
“Constantemente tenemos conocimiento de este tipo de denuncias, que están presentando las madres. Cada una de ellas está siendo atendida en las diferentes EPIS dando solución a cada uno de los casos. Este año, hasta la fecha, tenemos 250 asistencias familiares que se han tramitado ante las instancias judiciales. El año pasado hemos llegado durante toda la gestión del 2016 a tener 754 trámites de asistencia familiares, que hemos realizado ante las instancias judiciales”, dijo el director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Ramiro Pérez.
Destacó que las 250 asistencias familiares que se han tramitado ante las instancias judiciales competentes son correspondientes desde el mes de enero hasta el 31 de mayo del presente año.
“Una madre se presenta en nuestras oficinas con la finalidad de manifestar de que ella ya no está viviendo con el padre de sus hijos, y de que ella está alimentando sola a sus hijos. Ante esta situación, nosotros procedemos a notificar a la otra parte con la finalidad de que vía conciliación se pueda fijar una asistencia familiar, si esa conciliación no prospera entre ellos nosotros ponemos de manera inmediata ante la autoridad judicial con todos los requisitos una demanda ante la juez de familia”.
La responsable del SLIM, Karina Flores, explicó al NUEVO SUR que dicha instancia realiza un trabajo coordinado y permanente con la Defensoría de la Niñez pero también efectúan una atención individualizada y sobre todo multidisciplinaria en los casos de violencia de género.
“En estos casos de violencia familiar, lo que realizamos dentro de las medidas de protección, que establece la Ley 348, nosotros pedimos en todos los casos que se establezca la asistencia familiar provisional en favor de la mujer víctima de violencia y de sus hijos. Esta asistencia es dada por la autoridad fiscal y homologada también por la juez de violencia por el plazo de tres meses, nosotros también pedimos que sea de acuerdo al mínimo que establece el código de la familia”.
Flores informó que tomando en cuenta el incremento establecido en el salario mínimo nacional, lo que establece el Código de la Familia es que la asistencia familiar debe estar por encima de los 450 bolivianos.
“Tiene que pasarse 450 bolivianos mínimamente de pensión (por hijo) hay que tomar en cuenta el alza de precios, el gasto que se hace a diario con los niños, el tema de alimentación y vivienda son costos altos; entonces lo que solicitamos es que se realice la asistencia provisional en todos los casos”.
Flores apuntó que muchas mujeres por dependencia económica optan por continuar viviendo bajo el mismo techo de sus exparejas para ello el SLIM trabaja arduamente en brindar el apoyo necesario a estos sectores vulnerables y ayudarlas a recibir las pensiones para sus hijos, y que por ende dejen el círculo de lo que es en sí el maltrato económico, ligado a lo que es la dependencia económica ya mencionada.
“Nosotros hasta la fecha hemos atendido 714 casos, desde enero hasta mayo, de esos 714 casos un 60% ha sido ya homologado en lo que es la asistencia familiar provisional y lo que hacemos en coordinación con la Defensoría de la Niñez, cuando hay menores, derivamos las resoluciones del fiscal y los trámites iniciados para que esta instancia pueda consolidarlos a través del Juzgado de Familia”.
La responsable instó a todas las madres de familia tarijeñas a pedir la asistencia familiar pertinente, resaltando que no es un favor que hacen los progenitores al cancelarla, sino que es un derecho de los hijos.
“Deben presentar esta solicitud porque desde la fecha en que ingresa la demanda corre el cálculo de las pensiones y no es retroactivo, si nosotros a la edad de 11 años del niño recién demandamos la asistencia no podemos pedir los 11 años que no pagó el padre, la pensión solo podemos pedir desde el momento de la demanda hasta que el joven termine sus estudios universitarios”.

Ramiro Pérez (izq.), director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado y Karina Flores (der.), responsable del SLIM, abogaron por las madres que luchan por recibir la asistencia familiar para sus hijos y que en muchas oportunidades no es cumplido por el progenitor.

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