Mauricio Lea Plaza Peláez, asambleísta departamental por Camino al Cambio sugirió que la región autónoma debe cofinanciar a la Asamblea Legislativa Departamental.

De lo que recibe la región autónoma: Camino al Cambio planteó que asambleístas del Chaco sean pagados con 45%

El presidente de la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) Álvaro Ruiz García, advirtió la necesidad de un pacto fiscal departamental hace un año, para que las autoridades locales, resuelvan temas elementales como la salud, educación y servicios básicos.

Fernando Barral Zegarra

Algunos asambleístas de Camino al Cambio CC, antes de que se apruebe el presupuesto 2018 de la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, plantearon que al haber dos presupuestos en el departamento de Tarija, los legisladores del Chaco sean cancelados con el 45% que recibe aquella región.
El debate está abierto y se profundizará cuando la ALDT analice el presupuesto 2018 de la Gobernación la próxima semana, como admitió el asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez al reconocer que la discusión se abrió y podría ser larga y áspera.
Lea Plaza confirmó la aprobación del presupuesto 2018 de la ALDT este miércoles, en un monto de 28,9 millones de bolivianos, superior al 2017 que es de 26,7 millones e inferior al 2016 que fue de 30 millones, la resolución fue enviada a la Gobernación.
“El debate será sobre cuáles las fuentes de financiamiento del presupuesto de la Asamblea, tenemos 18 asambleístas del Chaco, de los 60 en total, y creemos que la Región del Chaco tiene que cofinanciar el presupuesto de la Asamblea”, argumentó.
Explicó, como están divididos los presupuestos, uno en base al 55% de ingresos y el otro sobre el 45%, es necesario que el gobierno regional del Chaco aporte al menos con un 30% del presupuesto de la Asamblea, que significaría unos ocho millones anuales. “Sino, estaríamos cargando todo al gobierno departamental, al 55% como ahora”, acotó al reconocer que lo mismo tendría que darse con muchos otros gastos del presupuesto que son de alcance departamental, que benefician al Chaco y tiene que dar su contraparte.
Actualmente ya hay un deslinde económico, es necesario hacer conciliaciones, cuentas, como el Servicio Departamental de Gestión Social Sedeges, que tiene guarderías, centros de acogidas y para adultos mayores, como otras dependencias, todo eso tiene que conciliarse por la Gobernación, insistió.
CC planteó antes de aprobar el presupuesto mayor ajuste sobre todo en cuanto a servicios personales, sobre el personal eventual; sin embargo, se impuso la mayoría del Movimiento Al Socialismo MAS, aunque también se resolvió fortalecer el área técnica y de fiscalización.
El asambleísta del MAS, Edwin Mancilla Olarte, criticó que anteriores oficiales mayores hayan planificado mal, presupuestaron 24 millones para este año, sin embargo, llegó a 26 millones, es probable que hasta diciembre se llegue a 28 millones.
Con esos antecedentes se optó por el monto de 28 millones para el 2018, incluso algunos plantearon 30 millones como anteriormente, con el argumento de que la Asamblea este año se vio restringida en su labor, por la baja presupuestación.

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nota

AMT advirtió necesidad de pacto hace un año

El presidente de la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) Álvaro Ruiz García, advirtió la necesidad de un pacto fiscal departamental hace un año, para que las autoridades locales, resuelvan temas elementales como la salud, educación y servicios básicos.
Hoy resurgió el tema de pacto fiscal departamental, lo planteó el economista Gabriel Gaite, para resolver el conflicto por el 45% de los ingresos planteado por las provincias O’Connor y Arce cuestionando que el Gran Chaco se lleve el 45% del total departamental.
Ruiz García recordó que hace un año planteó un pacto fiscal departamental antes de acudir al debate para el pacto nacional, en el propósito de garantizar una distribución equitativa y equilibrada internamente en el Departamento.
Para los alcaldes, hace un año era necesario trabajar en una propuesta de redistribución de los recursos de manera equitativa y planificada para garantizar recursos a proyectos concurrentes y apalancar otros dineros de los diferentes ministerios.

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